Aspectos legales que las empresas deben conocer sobre la formación bonificada

La formación bonificada se rige por una normativa que las empresas deben conocer y cumplir para poder acceder a este tipo de financiación para formar a sus trabajadores. A continuación, se detallan algunos aspectos legales importantes que las empresas deben tener en cuenta:

1. La Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral, es una pieza fundamental en el marco normativo de la formación bonificada en España.
   1. La Ley 30/2015 es la normativa principal que regula el Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral en España. Esta ley establece las bases para la organización, gestión y control de la formación profesional para el empleo, incluyendo la formación bonificada. Algunos puntos importantes que esta ley aborda son:
   2. Objetivos y ámbito de aplicación: la ley define los objetivos del sistema de formación profesional para el empleo, así como el ámbito de aplicación de las acciones formativas y los beneficiarios de estas.
   3. Financiación: establece los mecanismos de financiación del sistema, incluyendo la gestión de los fondos destinados a la formación profesional para el empleo, que provienen principalmente de las cuotas de formación profesional que ingresan las empresas.
   4. Planificación y programación: la ley regula la planificación y programación de la formación profesional para el empleo, incluyendo la elaboración de los planes anuales de formación y el procedimiento para la elaboración y aprobación de los programas formativos.
   5. Modalidades de formación: define las diferentes modalidades de formación profesional para el empleo, incluyendo la formación bonificada, la formación dirigida a la obtención de certificados de profesionalidad, la formación para el empleo de colectivos específicos, entre otras.
   6. Control y seguimiento: establece los mecanismos de control y seguimiento de las acciones formativas, tanto en lo que respecta a la calidad de la formación impartida como al cumplimiento de los requisitos legales por parte de las empresas y entidades formativas.
   7. Participación de los agentes sociales: la ley promueve la participación de los agentes sociales en la planificación, gestión y evaluación del sistema de formación profesional para el empleo, garantizando la representación de trabajadores y empresas en los órganos consultivos y de participación.

En resumen, la Ley 30/2015 es la base legal que sustenta todo el sistema de formación profesional para el empleo en España, incluyendo la formación bonificada. Es fundamental que las empresas conozcan esta ley y cumplan con sus disposiciones para poder acceder y gestionar adecuadamente los recursos destinados a la formación de sus empleados.

2. Real Decreto 694/2017, de 3 de julio: este decreto regula el sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral. Establece los requisitos y procedimientos que deben seguir las empresas para poder bonificar la formación de sus trabajadores.
3. Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE): es la entidad encargada de gestionar los fondos de formación bonificada en España. Las empresas deben inscribirse en la aplicación telemática de FUNDAE para poder acceder a los recursos que contribuirán a que sean más rentables.
4. Crédito de formación: Cada empresa dispone de un crédito anual para financiar la formación de sus empleados, el cual se calcula en función del tamaño de la plantilla y de las cotizaciones a la Seguridad Social. Es importante que las empresas conozcan cuál es su crédito disponible y cómo pueden utilizarlo de manera efectiva. Desde 2018, las empresas de menos de 50 trabajadores pueden reservar su crédito para disponer de él en el próximo ejercicio y aún en el siguiente.
5. Catálogo de especialidades formativas: la flexibilidad es una de las características clave de la formación bonificada en España. No existe un catálogo cerrado de especialidades formativas que limiten las opciones de formación que una empresa puede bonificar. Más bien, las empresas tienen la libertad de seleccionar las acciones formativas que mejor se adapten a sus necesidades específicas y a las de sus empleados.

La formación bonificada permite a las empresas diseñar planes de formación a medida, eligiendo los contenidos, la modalidad y la duración de los cursos según sus objetivos y áreas de interés. Esto significa que las empresas pueden optar por formación en una amplia variedad de temas, desde habilidades técnicas específicas hasta competencias transversales como liderazgo, trabajo en equipo o gestión del tiempo. Es importante destacar esta flexibilidad, ya que permite a las empresas adaptar la formación a sus necesidades específicas, contribuyendo así a mejorar su competitividad y productividad.

6. Obligaciones de las empresas: las empresas que bonifiquen la formación de sus trabajadores están sujetas a una serie de obligaciones, como estar al corriente frente a TGSS y Hacienda, la comunicación previa en la aplicación de FUNDAE, la realización de la formación por sí mismas o por entidades acreditadas, y ciertas obligaciones contables muy importantes.
7. Control y seguimiento: FUNDAE, a través de los organismos encargados del seguimiento (SEPE), realiza labores de control de los cursos bonificados para asegurar su calidad y cumplimiento de los requisitos establecidos. Las empresas asumen el compromiso de colaborar en el control y seguimiento y proporcionar la documentación necesaria en caso de auditorías.

Es fundamental que las empresas conozcan y cumplan con toda la normativa vigente en materia de formación bonificada para evitar posibles sanciones y aprovechar al máximo los recursos disponibles para la formación de sus trabajadores. Y es importante contar con profesionales expertos para la gestión.