La formación programada por las empresas es una modalidad de formación de ámbito laboral, que ha cosechado desde sus inicios, allá por 2004, muchos éxitos y algunos quebraderos de cabeza. En mi opinión, tras casi dos décadas entre nosotros, la formación programada/bonificada arroja un balance positivo y, a la vez, se halla en una encrucijada: precisa de actualización o perderá eficacia.
Es cierto que, al principio, allá por 2004 y años sucesivos se produjeron disfunciones motivadas por ciertos abusos, acceso al sistema de gestores que no venían del ámbito de la formación, sino de personas que encontraron un caladero donde echar las redes y esto originó cierto malestar entre los responsables de los servicios de control. Todos esos elementos extraños protagonizaron un fenómeno que se denominó “mala praxis”. En 2015 se llevó a cabo una rectificación necesaria con la publicación de la ley 30/2015 que significó un endurecimiento de los requisitos para operar en el sistema y un aviso a navegantes. La libertad está expuesta a excesos y malos usos. La flexibilidad que era y es una fortaleza del sistema también apunta signos de debilidad. Soy un ferviente defensor de la formación programada y de sus características, entre ellas y de forma destacada, la flexibilidad.
El esquema básico de donde partió en sus orígenes la formación de demanda o bonificada es que las empresas tienen necesidades de formación para la adaptación de sus trabajadores a las tecnologías cambiantes, para enfrentar desafíos renovados y para adquirir nuevas competencias. Para satisfacer todas esas necesidades se habilitó un sistema de financiación consistente en un crédito para formación. El crédito viene determinado por la plantilla media del año anterior de cada empresa y por la cuota de formación profesional aportada. En estricto sentido la financiación de la formación programada proviene de las propias empresas (al menos en un 85%) y no de subvenciones o partidas foráneas de los presupuestos generales del estado.
Todo el sistema gira en torno, por lo tanto, a la cuota de formación profesional que cada empresa ingresa a la seguridad social y, de igual modo, la bonificación se sustancia por la vía del descuento de los costes de la formación en las cuotas, una vez cumplidos los plazos y requisitos establecidos. Pronto entraremos en el vigésimo aniversario de este sistema de formación y, lo primero que hay que hacer es reconocer, con la perspectiva que confiere el tiempo, que se trató de una propuesta ambiciosa y de éxito; representó un incentivo adecuado que, todavía hoy, está produciendo resultados apreciables en las empresas.
Pero frente a estos resultados beneficiosos se ciernen amenazas e incertidumbres que es preciso despejar y resolver sin demora. Existe un borrador de nueva ley que lleva demasiados meses en los cajones y que no termina de publicarse en el BOE, tras su aprobación en las instancias competentes. Entramos en tiempo de descuento relacionado con la convocatoria de elecciones generales. Es importante superar ciertas asignaturas pendientes como la bonificación de la formación de autónomos; la desactualización de ciertos parámetros como el módulo económico, la normativa difusa que se presta a interpretación y ciertos nubarrones que acechan, como el uso del crédito para formaciones obligatorias que es necesario que las empresas puedan bonificar sin demora, sin dudas y sin interpretaciones ad libitum.
En el origen, el objetivo pretendido por la administración fue concienciar a las empresas de la certeza de la reflexión de Benjamín Franklin: “invertir en conocimientos produce siempre los mejores resultados”. Si inviertes en la formación de tus trabajadores, esa inversión va a influir positivamente en su capacitación y, en definitiva, repercutirá en la cuenta de resultados de la empresa. Y para llevar a cabo tal objetivo se puso en marcha, hace ya casi 20 años la formación, primero denominada bonificada, más tarde, programada por las empresas. Denominaciones imprecisas, que pasaremos por alto que encierran en su entraña un loable objetivo: la actualización de conocimientos de los trabajadores, denominación que vino a sumarse a la jerga existente: formación continua, formación de demanda, formación permanente, reciclaje, etc.
Quienes valoramos la formación, en primer lugar, como un medio de promoción que sustancia su calidad en los beneficios que produce, insistimos en este punto, por activa y por pasiva. ¿Qué sentido tendría impartir una formación que no produce los resultados declarados en sus objetivos? No sería ni bonificable si no alcanza dichos objetivos. Primero calidad y luego bonificación.
Las entidades de formación que no realizan evaluación de impacto de las formaciones que imparten están haciendo dejación de su razón de ser y se pierden lo mejor; y lo más graves es que están abocadas al más estrepitoso fracaso. No basta con reconocer como hacen muchas de las empresas que se toman en serio la formación, que es algo que tienen que hacer, aunque no sean capaces de determinar por qué la hacen. Su intuición les demanda formación. Si hacemos uso de las diversas metodologías que nos permiten sustanciar el beneficio palmario que significa la formación en la empresa no habrá duda al respecto.
En resumen, la formación es una gran oportunidad para el desarrollo de las empresas. Pero también lo es para los profesionales especializados en impartir formación en el ámbito laboral y que pueden ser solicitados por las empresas, ya sea para la impartición o también para la organización de los programas formativos en las diferentes entidades. Para quien imparte formación especializada y de calidad, la bonificación es una oportunidad que no debe desaprovechar ningún profesional competente. Pero para ello las reglas del juego tienen que ser claras para todos, adaptadas al presente y confiables. A los profesionales de la formación no nos gusta jugar a la ruleta rusa.
Muchas gracias por todo. Como siempre, sigo muy de cerca tanto los que hacéis los martes como las entradas del blog.